Publicación: Diario Estadao (Brasil)

Fecha: 21 julio 2014

Idioma: Portugués

Link original: http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,nao-basta-ter-a-maquina-alertam-especialistas,1531630

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Investir em tecnologia no ensino não é apenas comprar e fazer a manutenção dos computadores, alertam especialistas. É preciso investir na formação dos professores, para que eles adquiram mais habilidades com os dispositivos, e planejar os gastos, priorizando equipamentos que possam ser usados com qualidade nas salas de aula.

Publicación: Costa Rica On

Fecha: 3 de abril 2014

Idioma: Español 

Link original: http://www.costaricaon.com/noticias/educacion/24606-costa-rica-fue-sede-de-i-foro-internacional-sobre-la-ensenanza-de-competencias-del-siglo-xxi.html

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Eugenio Severin, de Chile, comentó: “La verdad es que en esto Costa Rica está más avanzado que Chile, la lógica de transformar un sistema educativo de manera efectiva y que contribuya a que los estudiantes desarrollen habilidades y competencias necesarias para vivir la sociedad del siglo XXI es un ejercicio muy reciente, hay dos o tres proyectos en el mundo avanzando y uno es este ATC21s, en el cual Costa Rica es el único país latinoamericano participante y el resto de los países debemos mirar lo que Costa Rica ha estado aprendiendo en estos años y tomar las lecciones para crecer en nuestros propios sistemas”.

Publicación: Revista Qué Pasa

Fecha: 6 de marzo 2014

Idioma: Español

Link original: http://www.quepasa.cl/articulo/opinion---posteos/2014/03/20-13933-9-el-iceberg-de-los-textos-escolares.shtml

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El Estado gastó $ 22 mil millones en textos escolares el 2012 para atender a tres millones de estudiantes. Cada texto con un valor final de alrededor de $ 1.500 pesos. En el sector privado, que representa un 10% del mercado total, los textos son entre 10 y 20 veces más caros. ¿Qué hacer?

El primer paso para reconfigurar estos mercados y orientarlos hacia la competencia por la calidad de los textos es, en el caso del privado, prohibir a las instituciones exigir libros “del año”, ampliando el rango a los últimos 5 años. Esto diversifica las opciones y evita la mala práctica de reimprimir los mismos contenidos como si fueran ediciones distintas: las editoriales tendrán que convencer a los padres de elegir el texto “del año” mejorando su calidad. En el caso del mercado estatal, es necesario, tal como ha señalado Eugenio Severin, separar la licitación de los contenidos de la licitación de la impresión, permitiendo que aumente la competencia y que se sumen nuevos actores a ella.

Atorvastatina es una droga utilizada para controlar el colesterol, se consume masivamente, y la caja cuesta $2 mil pesos. El producto de marca, Lipitor, cuesta $46 mil. Un ejército de visitadores recorre las clínicas ofreciendo regalos, viajes, y prebendas para inducir a los médicos a recetar el de marca, en centenares de medicamentos.

Felizmente, el gobierno hace poco promulgó la Ley de Fármacos, estableciendo la obligación de los médicos de colocar en la receta el nombre comercial y la denominación genérica de los medicamentos. Por supuesto, hubo lobby y chillidos, aduciendo que los de marca son mejores. Uno de nosotros, Mario, ha usado el genérico Alopurinol por años, que cuesta 20 veces menos que el de marca (Zyloric). Los niveles de ácido úrico en su sangre siguen perfectamente controlados.

Ahora, sustituya Zyloric o Lipitor por el texto escolar de matemáticas o física de 2º Medio y la situación es casi idéntica, pero, en este caso, sin acción gubernamental o parlamentaria alguna. El 2012, el Ministerio de Educación entregó alrededor de 5 textos gratuitos a 3 millones de estudiantes. El costo fue de $22 mil millones de pesos. Agregando distribución, los textos escolares cuestan cerca de mil quinientos pesos cada uno, ya en manos del alumno. Los “de marca”, virtualmente idénticos a los licitados por MINEDUC, cuestan entre 10 y 20 veces más. Las editoriales (las mismas que le venden los textos a MINEDUC) le agregan algunas paginitas más, un instructivo para los profesores, y así aducen que son textos “de calidad superior”. Lipitores educativos, que además se cambian levemente todos los años. Cuesta creer que la forma de enseñar matemáticas mute anualmente.

SEGREGACIÓN Y LUCRO EDITORIAL VAN DE LA MANO

Copiamos a continuación uno de muchísimos testimonios que nos han llegado por las redes sociales, del director de una escuela particular subvencionada con más de mil alumnos, que cobra un copago sustancial:

“Como Director de colegio recibí a los vendedores de textos, muy interesados en hacer un ‘convenio’, para lo cual, efectivamente, nos ofrecieron hasta viajes al extranjero (para los directivos) y un montón de ‘regalías’ adicionales, tales como talleres para profesores, material didáctico audiovisual, donación de libros, aportes para eventos, giras, agendas, aportes para premiaciones, etc. Revisamos y comparamos con los textos MINEDUC y eran prácticamente iguales. Sin embargo, finalmente el sostenedor decidió que debíamos adscribirnos a los textos comprados, rechazando los gratuitos del MINEDUC, pese a nuestro informe, argumentando que de esta forma se ‘filtra’ mejor al tipo de alumno que deseaban ‘captar’… o sea, segregación camuflada”.

El 2012, el Ministerio de Educación entregó alrededor de 5 textos gratuitos a 3 millones de estudiantes. El costo fue de $22 mil millones de pesos. Agregando distribución, los textos escolares cuestan cerca de mil quinientos pesos cada uno, ya en manos del alumno. Los “de marca”, virtualmente idénticos a los licitados por MINEDUC, cuestan entre 10 y 20 veces más. Las editoriales (las mismas que le venden los textos a MINEDUC) le agregan algunas paginitas más, un instructivo para los profesores, y así aducen que son textos “de calidad superior”. Lipitores educativos, que además se cambian levemente todos los años. Cuesta creer que la forma de enseñar matemáticas mute anualmente.
Este colegio obliga a sus apoderados a gastar cerca de $160 mil pesos anuales por alumno, rechazando textos gratuitos prácticamente idénticos. Algunos profesores en las redes sociales afirman que son virtualmente iguales, otros reclaman que los textos del MINEDUC son “peores” y con errores. Si fuera cierto –es dudoso– la inmoralidad de las editoriales, al producir textos “peores” para algunos alumnos y “mejores” para otros, sería inconcebible. Por otro lado, tal vez para MINEDUC estos textos “mejores” podrían salir costándole mil setecientos pesos en lugar de mil quinientos, incluyendo instructivos y hojas de ejercicio.

Doble negocio. Los colegios segregan más eficazmente, y las editoriales, a ojo de buen cubero, se están embolsando anualmente algo así como US$ 200 a 300 millones financiados por los apoderados de colegios particulares. Para comparación, el monto total del financiamiento compartido en Chile bordea los US$ 600 millones. El apoderado que está pagando $15 mil mensuales de copago, en realidad está pagando el doble si se le agregan los libros.

CAMBIOS INMEDIATOS

En primer lugar, la Superintendencia de Educación debería ser rigurosa en vigilar el cumplimiento del instructivo recientemente emitido: “Los padres y apoderados tienen el derecho a saber si los alumnos contarán con los textos escolares gratuitos que proporciona el MINEDUC. El director, a más tardar al momento de la matrícula de los estudiantes, deberá informar por escrito a todos los padres y apoderados su decisión sobre los textos escolares 2014″.

En segundo lugar, los apoderados debieran tomar conciencia de este escándalo y, a través de los Centros de Padres, organizarse para exigirles a los colegios que les muestren los libros del MINEDUC, se comparen, y se les den buenas razones para incurrir en tamaños desembolsos… si es que fuera necesario.

TECNOLOGÍA DIGITAL PARA SOLUCIONES ESTRUCTURALES

Hay soluciones más estructurales. Uno de nosotros (Eugenio) lleva casi una década proponiendo –sin ser escuchado– separar la licitación de textos escolares en dos: una por los contenidos, entregando al Ministerio los derechos de uso de ese contenido sobre cualquier plataforma de distribución y a perpetuidad, de manera de ir generando un banco de contenidos educativos, y otra licitación separada para la impresión y distribución de los textos en papel o en medios electrónicos. Con esto, se podría ofrecer a todos los niños de Chile contenidos educativos de idéntica calidad, tal vez los mejores del mundo, a costos ínfimos.

Si este cambio de modalidad licitatoria incorporara además textos digitales, instalados en un dispositivo de lectura (eReader) o en una tableta de bajo costo, cada año se podría agregar o modificar el contenido para actualizarlo, de manera remota, sin necesidad de bodegas, inventarios ni camionetas, sin daño ecológico ni destrucción de árboles. Si los dispositivos incluyeran la función touch, podrían incluirse allí mismo las actividades que los estudiantes deben realizar en ellos.

El costo de estos dispositivos anda hoy entre 40 y 50 mil pesos, es decir, el equivalente a tres de los cinco o seis costosos “lipitores educativos” que están siendo obligados a comprar los apoderados de algunos colegios pagados o subvencionados cada año. Estos eReaders podrían incluir además bibliotecas completas de textos, desde jardín infantil hasta 4° medio, cuentos para niños, y lo que se desee agregar como material educativo.

Las pruebas que se han hecho hasta ahora han demostrado escasas diferencias en la comprensión lectora y en la retención, cuando la experiencia de lectura es en dispositivos digitales o libros impresos. Cualquier error en un texto podría corregirse en cosa de minutos y cualquier cambio curricular podría verse reflejado en los textos escolares en cosa de días.

El Ministerio de Educación paga recurrentemente por el mismo contenido, ya que las editoriales le venden cada año casi el mismo texto, con ajustes menores, manteniendo ellas los derechos de autor y los derechos de uso sobre el contenido. Se rompería así el monopolio que hoy día detentan las empresas editoriales, basado en el poder de sus imprentas y no en la calidad intrínseca de su contenido. Ello permitiría la participación de muchos otros proveedores de contenido, empresas y personas, especialmente docentes, que podrían ofrecer contenido de calidad. Esto facilitaría además enriquecer sustancialmente esfuerzos iniciales como el desarrollado por el MINEDUC con la iniciativa “Currículum en Línea”.

IMPLEMENTACIÓN GRADUAL

Para evitar una “catástrofe digital”, esta solución se puede implementar gradualmente, comenzando por los primeros cuatro años de enseñanza, agregando cada año dos nuevos niveles, partiendo por las regiones más remotas, y avanzando cada año hasta el centro. De esta manera, todos –autoridades, editoriales, profesores y estudiantes–, podrán hacer una transición suave, en cuatro a cinco años, hasta que todo el sistema esté digitalizado. Y cuando los niños ya estén conectados, surgirán cientos de posibilidades de comunicación, gestión escolar, trabajo en red, listas para ser utilizadas.

Un niño, una familia, un eReader, una clave de uso para que estos dispositivos no se anden transando en el mercado negro, licencias masivas del hardware y los textos, y saltamos de un golpe al siglo XXI en materia de textos escolares, tal como ya lo hizo Corea del Sur y como acaba de anunciarlo Estados Unidos. Vamos que se puede.

La necesaria reforma de la educación, que ha ocupado un lugar central en la campaña presidencial chilena, va a quedar corta si no considera la oportunidad de un cambio paradigmático en sus objetivos.

Hasta ahora, la discusión ha estado focalizada en aspectos muy fundamentales, y que requieren de cambios urgentes, como el financiamiento y la organización institucional, las formas de provisión (y sus restricciones) y la eficacia y eficiencia de sus procedimientos. Sin embargo, si sólo (y ya es bastante) nos quedamos en estos aspectos, podremos avanzar con pasos de gigante en hacer cambios cosméticos a un sistema que requiere repensar el paradigma desde el que está construido.

Suponga por un momento que contra todo veto legislativo, el nuevo gobierno que asumirá en marzo próximo en Chile, y que con gran probabilidad será liderado por Michelle Bachelet, logra impulsar su agenda de reformas, y alcanza los acuerdos y recursos necesarios para asegurar la gratuidad de la educación, el fin o al menos una estricta regulación del lucro, y un aumento significativo de los recursos disponibles para retomar la ampliación de la cobertura preescolar, y aún alcanza para mejorar algo los sueldos de los docentes y directivos. ¿Cuánto más cerca de una educación de calidad estaríamos? Mi sospecha es que no demasiado.

Si uno mira lo que ocurre en el mundo, va a encontrar sistemas educativos organizados de las más diversas maneras, con muchos más recursos invertidos por niño de los que invertimos hoy en Chile y de los que invertiremos con las reformas propuestas, con y sin lucro, con sistemas públicos mucho más sólidos, y que están igual de descontentos con los resultados educativos que obtienen.

Hay algo más de fondo en la falta de calidad en la educación, que tiene que ver con una concepción, diseñada desde la era industrial, de esta como un gran curso de capacitación para el trabajo que prepara a los niños durante 12 a 20 años para trabajar como empleados, trabajadores o ejecutivos, en sistemas productivos tradicionales. Los estudiantes reciben una formación ampliamente generalista y son tempranamente "orientados", según su rendimiento, pero fundamentalmente según sus condiciones de origen, para contribuir como obreros, trabajadores técnicos o profesionales, con bastante estricto apego a las oportunidades que pudieron ofrecerles sus padres. Las golondrinas de la excepción no alcanzan a hacer verano.

Pero la sociedad industrial es pasado. Vivimos ya en pleno dominio de la sociedad del conocimiento, en donde la creatividad y la innovación son claves para el desarrollo pleno de cada persona y de la sociedad, en donde la abundancia de información requiere de mentes críticas y hábiles para el desarrollo de nuevo conocimiento, complejo e interconectado, en donde la abundancia de comunicaciones ha acortado las distancias, ha favorecido la expresión de la diversidad y en donde se hace imprescindible tener competencias para colaborar, comunicarse y construir con otros, incluso aquellos que están lejos, que no vemos y no hablan nuestra lengua ni creen en nuestros dioses.

Si queremos volver a tener un sistema educativo de calidad en cualquiera de nuestros países en América Latina, tenemos que hacernos cargo de este enorme desafío de una educación del y para el siglo XXI. De lo contrario, sólo estaremos fortaleciendo una educación obsoleta en su fondo y sentido. Para eso,hay tres aspectos centrales que requieren más atención de la que han tenido en la campaña presidencial chilena, para estar en los primeros lugares de la agenda educativa:

En primer lugar, el currículo nacional. Ajustes más o menos, en Chile tenemos un currículo diseñado en los años 90, y construido ya entonces mirando el espejo retrovisor, tratando de "actualizar" los contenidos de hace 20 años, en lugar de pensar en los 20 años que venían por delante. Es un currículo ridículamente sobrecargado, en que se hace difícil para los docentes establecer jerarquías y prioridades, y en donde todas las materias deben ser "pasadas", so penas del infierno para el colegio. Se requiere un currículo esencial y más flexible, que dé más espacio para el desarrollo de proyectos educativos diversos, que permita a docentes y directivos ser profesionales (y no meros aplicadores robotizados de la norma), pero sobre todo, un currículo mucho más orientado a desarrollar habilidades en los estudiantes que a obligarlos a memorizar contenidos.

En segundo término, los docentes y la carrera profesional. Tenemos que ser capaces de duplicar el sueldo de los maestros en los próximos cinco años. Sí, leyó bien, duplicar el sueldo base de los profesores. ¿Todos los profesores? Sí, todos,... los que cumplan con requisitos más exigentes para el ejercicio docente, reflejado en una certificación de contenidos y competencias pedagógicas del más alto estándar. Para avanzar en esta línea, hay que incluir barreras más altas de entrada a la formación inicial, por ejemplo, no se puede entrar a pedagogía con menos de 650 puntos en el test de acceso a la educación superior (hoy ingresan con un puntaje menos que mediocre de 450 puntos). Acceso más exigente, pruebas regulares y habilitantes de certificación cada 10 años, y mucho mejores sueldos son requisitos indispensables para mejorar la calidad, las condiciones y el trabajo de nuestros docentes en el mediano y largo plazo. Lo demás es humo.

Finalmente, la evaluación de los aprendizajes y la medición de la calidad. Hace unos días, los estudiantes de media docena de establecimientos educacionales de educación secundaria en Chile decidieron no rendir la prueba SIMCE, nuestros test estandarizado anual. Algunas autoridades enrostraron a los estudiantes por "echar la culpa de la enfermedad al termómetro". Es cierto, el SIMCE es un termómetro, y lo que leo en el fondo del reclamo de esos estudiantes (y lo que de no ser atendido va a tener un creciente apoyo en los próximos años) es que si bien prescindir del termómetro no cura a nadie, tampoco ayuda la obsesión instalada de creer que el termómetro que tenemos es suficiente para entender todos los problemas de calidad. La sacralización del termómetro, al punto de ordenar según su temperatura los incentivos a los docentes, los rankings de las escuelas, la información de los padres, hasta el ridículo de los semáforos del ex-ministro Joaquín Lavín, es lo que se ha vuelto inaceptable. Si el nuevo gobierno, y la Agencia de la Calidad que administra el SIMCE, quieren salvarlo, van a tener que abrirse de una vez a considerar sistemas más completos, más complejos y más colaborativos de medición. ¿Qué sentido tiene hoy una prueba cuyos resultados se conocen al año siguiente, sin dar ninguna posibilidad a escuelas y docentes para tomar medidas de mejora sobre los estudiantes que son medidos? ¿Qué sentido tiene perseverar en pruebas que sólo miden algunas asignaturas, que lo que buscan establecer es la cobertura y efectividad de las escuelas para cumplir la norma curricular (ver el primer punto, dos párrafos atrás) pero que son incapaces de apoyar procesos de mejora en las escuelas y en las prácticas de los docentes?

La buena educación, a la que aspiramos en toda nuestra región y la que constituye un derecho de todos los ciudadanos, no se alcanza sólo con acceso más amplio, sistemas más eficientes, y más inversión. Todo ello es necesario, imprescindible en realidad, pero si dejamos pasar la ocasión de pensar los núcleos centrales de nuestro paradigma educativo, podríamos terminar en corto plazo, con una nueva frustración en nuestros anhelos de países más justos, más inclusivos y mejor educados.