La educación publica existe en todo el mundo desde la formación misma de los Estados y, particularmente en el último siglo, como reflejo del compromiso de los Estados por asegurar a todos sus ciudadanos el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artÃculo 26 sostiene que "toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos".
No deja de ser impresionante lo que está pasando con el (des)acuerdo en educación en torno a la Ley General. A nadie parece importarle demasiado el mejoramiento de la calidad de la educación que reciben niñas y niños.
Por más que esté de moda hablar (mal) de nuestra educación, se ha hecho difÃcil escuchar ideas concretas acerca de lo que hay que hacer. Nos hemos acostumbrados a tirar piedras en el tejado de vidrio o sentarnos a contemplar el espectáculo de las trizaduras, sin actuar de verdad.
Desde marzo de 2003, el Ministerio de Educación se ha dedicado a administrar los recursos y los conflictos, sin un proyecto de actualización o transformación, de conducción y visión respecto de la educación que Chile requiere. La sobrevalorada marcha de los pingüinos, la visible incomodidad de los profesores, el descontento creciente de la ciudadanÃa, también tienen su explicación en la falta de horizonte, de un relato claro respecto de lo que queremos hacer con nuestra educación y el papel que ella juega en nuestro modelo de desarrollo.
