La discusión sobre el lucro en educación se ha tomado buena parte del debate, aunque está lejos de ser la explicación de nuestros problemas y mucho menos, la solución de ellos. Me parece que es un tema importante, que debe discutirse. Pero debiéramos desterrar la fantasía de que con la eliminación o la ratificación del lucro, se resuelven las dificultades de nuestro sistema educativo.

En un artículo anterior ya me referí al lucro desde una perspectiva más personal, expresando mi desazón por la omnipresencia del espíritu del lucro entre nosotros. Ahora quiero hacerlo desde una perspectiva más técnica y propositiva. La discusión sobre el lucro, separada de la discusión por la calidad, significa no sólo poner la carreta por delante de los bueyes, sino pasar la carreta por encima de los bueyes.

En razón del tiempo y el espacio, sólo me referiré al tema del lucro en la educación escolar, ya que el contexto es bastante diferente en educación superior, donde está prohibido por ley, y lo que ha faltado es voluntad para cumplir y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, aun cuando hay asuntos pendientes que definir, como el tema del lucro en la educación técnico-profesional.

En educación escolar, en cambio, el lucro no sólo está permitido, sino que fue utilizado por el Estado deliberadamente para convocar a los actores privados a invertir en educación, y así mejorar sustancial y rápidamente la cobertura escolar y la jornada escolar completa en Chile. Se trata entonces de una política pública que convocó a corporaciones y grandes empresarios, pero también y significativamente a profesores y otros profesionales, a crear, mantener y sostener colegios a lo largo de todo Chile.

¿Podría el Estado ahora arrepentirse y cambiar esa política, decidiendo que ya no puede haber privados administrando establecimientos escolares bajo el incentivo de obtener utilidades por ello? Por supuesto que sí, pero probablemente signifique que el Estado deba hacerse cargo de este cambio, comprando o expropiando los colegios privados, o compensando a sus dueños. Técnicamente, el Estado estaría quitando un derecho adquirido y, en justicia, eso no puede ser gratis. Y como sabemos, la calidad de la educación no está determinada por quién administra el colegio ni si tiene fines de lucro o no, por lo que nos encontraríamos con un enorme gasto público, sin ninguna retribución en términos de calidad (vale la pena leer un excelente trabajo académico en el que se muestran datos irrefutables de cómo el lucro ayudó a la cobertura, pero no ha tenido impacto en la calidad y, en cambio, sí en aumentar la segregación social).

Me parece que hay un camino de solución mucho más práctico, factible y eficiente, si incorporamos la variable de la calidad. Por supuesto, este es un concepto difícil de definir, pero adelantemos algo: asumamos que, para los efectos de la distribución de recursos públicos, se entenderá por calidad los resultados de los estudiantes en las pruebas nacionales (ojalá más completas que el actual SIMCE y tomadas con mayor frecuencia), los resultados de los profesores en el proceso de evaluación docente y algunos indicadores asociados a la gestión de los establecimientos (matrícula, asistencia, ejecución presupuestaria, participación de los padres).

Estos resultados deberían luego ponderarse en razón del contexto e índice de vulnerabilidad de los estudiantes, de manera de no comparar peras con manzanas y garantizando que no hay selección en el acceso y mantención de los estudiantes en las escuelas. Con estos indicadores se puede construir un algoritmo que entregue un resultado para cada escuela, supongamos, de 1 a 100. Suena complicado, pero no es tan difícil como parece.

Hasta ahora hemos hablado de la calidad, volvamos ahora al lucro. Mi propuesta aquí es simple:

• Si como resultado de este algoritmo, una escuela recibe 70 puntos o menos (por ejemplo), entonces el sostenedor NO PUEDE retirar utilidades, y todo eventual excedente, debe ser reinvertido en la escuela, para mejorar sus resultados futuros. 
• Si el resultado está entre 70 y 80 puntos, el sostenedor puede retirar un porcentaje limitado de utilidades (supongamos por ejemplo, hasta un 10% de los excedentes). 
• Si la escuela obtiene resultados de entre 80 y 90 puntos, el dueño puede retirar un porcentaje mayor (en nuestro ejemplo, un 20 por ciento de los excedentes). 
• Si la escuela obtiene más de 90 puntos, el sostenedor puede retirar excedentes sin límite, pues está haciendo un excelente trabajo. 

Como contrapartida, si una escuela obtiene sistemáticamente menos de 60 puntos (digamos, por tres años consecutivos o cinco no consecutivos), puede ser intervenida por el Ministerio de Educación y obligada a desarrollar acciones específicas de mejora. Y si la escuela obtiene menos de 50 puntos sistemáticamente, o no mejora luego de la intervención ministerial, las autoridades debieran estar obligadas a cerrarla, quitar el "decreto cooperador" al sostenedor y ofrecer soluciones alternativas a los estudiantes.

Por supuesto, esta es una descripción inicial y general de una política que requeriría mucho refinamiento y trabajo. Tampoco es una solución final o única, y requiere ir acompañada de otras políticas si queremos alcanzar los niveles de calidad educativa necesarios en el siglo XXI, entre otras, invertir mucho más en la educación preescolar, aumentar la subvención escolar, mejorar la selección y formación de los docentes, apoyar cambios sustantivos en la gestión en directiva de las escuelas, reestructurar la educación media técnico-profesional, fortalecer la institucionalidad pública, etc. Pero me parece que podría ser un camino posible y práctico, que en el corto plazo permita mantener la provisión mixta en educación, un rol de verdadero garante para el Estado, y un fortalecido foco en la calidad.