La educación publica existe en todo el mundo desde la formación misma de los Estados y, particularmente en el último siglo, como reflejo del compromiso de los Estados por asegurar a todos sus ciudadanos el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 26 sostiene que "toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos".

No deja de ser impresionante lo que está pasando con el (des)acuerdo en educación en torno a la Ley General. A nadie parece importarle demasiado el mejoramiento de la calidad de la educación que reciben niñas y niños.

Así, la derecha puede denunciar la incompetencia del gobierno y la falta de liderazgo y autoridad para sostener lo acordado; el gobierno puede relevar la falta de flexibilidad y sensibilidad de la derecha hacia la educación pública y sus conflictos internos; el colegio de profesores puede seguir escondiendo la responsabilidad de los docentes y la falta de visión educativa de la organización; los estudiantes pueden tener su aventura en la calle.