El diagnóstico detrás de la propuesta es un consenso. Desde que el año 1981 se traspasaron los colegios públicos para que fueran administrados por las 350 municipalidades, muy pocas veces y muy pocos municipios han podido asumir con plenitud la responsabilidad que les fue transferida. Y las que lo han podido hacer ha sido porque han destinado muchos recursos extraordinarios a ello.
Pero me parece apresurado afirmar que, en vista que la enorme mayorÃa de las municipalidades no han podido administrar bien sus establecimientos educacionales, hay que eximirlos de esa responsabilidad. Me parece clave preguntarse por qué esto ha ocurrido.
En primer lugar, esto es el resultado de los escasos recursos económicos que se han destinado a la educación a través de la subvención escolar. Si a eso se agrega el descenso de la matrÃcula en el sector municipal, el resultado es que evidentemente los recursos han sido completamente insuficientes para demandar resultados mejores.
En segundo lugar, la institucionalidad extremadamente rÃgida del estatuto docente ya de otras normas, mediante las cuales muchas medidas y programas son definidos centralizada mente por el ministerio, y los municipios simplemente deben "aplicar", entrega escasÃsima autonomÃa acerca de los proyectos educativos que los municipios pueden desarrollar en sus establecimientos.
En tercer término, se ha permitido la instalación indiscriminada de escuelas particulares subvencionadas por el estado para "competir" con las escuelas municipales (en aquellas comunas y barrios en donde esa competencia es "rentable"), pero dando a las escuela particulares acceso a más recursos (a través del financiamiento compartido) y más autonomÃa (libertad para diseñar sus proyectos educativos, y no aplicación del estatuto docente).
Si no se les ofrecieron los recursos suficientes, ni la autonomÃa para administrar las escuelas, y además se les puso a competir con desventaja, no veo cómo podrÃan haber tenido éxito en su tarea. Es cierto que también ha habido otras dificultades, como el uso polÃtico de los fondos y las contrataciones en algunos municipios, la falta de prioridad de algunos alcaldes, o la vergonzosa ley de los directores vitalicios, que por más de veinte años impidió que los alcaldes pudieran cambiar a directivos bajo ninguna circunstancia.
Entonces, ¿Es la solución definitiva quitar la gestión de las escuelas a los municipios sin hacerse cargo de los temas de fondo?
Reconozco que tengo una predisposición ideológica en favor de la educación municipal. Me gusta que sea administrada a nivel local, donde la gente tiene más posibilidades de saber e influir, donde los proyectos educativos podrÃan ser mucho más pertinentes y donde la integración con la comunidad y sus otros servicios públicos es mucho más fácil de coordinar.
Me parece un error plantear la desmunicipalización. ¿Y si probáramos a dejar la educación en las municipalidades, permitiendo que estas se aliaran para generar economÃas de escala, entregándoles recursos suficientes y autonomÃa, asegurando que van a poder trabajar sin competencia desleal?
El peor escenario es imaginar ingenuamente que cambiando la dependencia de los establecimientos se resuelven los problemas. Cualquier otra institucionalidad que repita los errores señalados va a sufrir el mismo fracaso. ¿Y si en vez de repetir el slogan, lo conversamos en serio?
