A mi me parece que ha llegado la hora de ponerse los pantalones frente a aquellos profesores que se niegan a la evaluación. Y eso es responsabilidad del Ministerio, qué duda cabe, pero también de los alcaldes y muy especialmente, de las propias familias. Son nuestros hijos los que están expuestos cinco horas diarias al trabajo de uno o varios profesionales de la educación. Como ciudadano y contribuyente, como apoderado y como cliente, tengo derecho a que se me garantice la calidad profesional de los profesores que educan a mis hijos.

La evaluación docente es una necesidad urgente de nuestra educación. Como me dijo un profesor hace algunos días, "si alguien no está dispuesto a aprender, no tiene derecho a enseñar"...